COMUNICADO DE PRENSA // Church of Scientology International // ALEMANIA – Durante casi 30 años, el Bundesamt für Verfassungsschutz —la Oficina Federal alemana para la Protección de la Constitución— sometió a la Church of Scientology y a miles de scientologists a vigilancia de inteligencia bajo la afirmación de que la religión representaba una amenaza para la democracia.
Hoy, esa vigilancia termina exactamente donde siempre debió haber terminado: con el completo fracaso de las acusaciones sobre las que se construyó.
Después de décadas de investigaciones, operaciones de inteligencia, captación de informantes, intentos de infiltración, campañas políticas, listas negras, “filtros sectarios”, advertencias públicas y un control estatal extraordinario, las autoridades alemanas no han presentado ninguna red extremista, ninguna conspiración contra el Estado, ninguna campaña para socavar la democracia, ningún acto de violencia y ninguna prueba de que los scientologists fueran jamás la amenaza como la que fueron presentados.
Porque la verdad es sencilla: esa amenaza nunca existió.
Lo que sí existió fueron 30 años de discriminación institucionalizada contra una minoría religiosa pacífica y contra las personas que practicaban esta religión.
Los scientologists en Alemania perdieron empleos, carreras profesionales y oportunidades empresariales a causa de su fe. Familias fueron estigmatizadas. Hijos de scientologists fueron discriminados en las escuelas. Artistas, profesionales y figuras públicas fueron atacados y excluidos únicamente por sus creencias religiosas. Los “filtros sectarios” apoyados por el Estado se extendieron por la vida pública y privada alemana, advirtiendo a empleadores e instituciones contra los scientologists como si la simple pertenencia religiosa constituyera, por sí misma, un peligro.
Y todo ello fue justificado mediante una narrativa que ahora se ha derrumbado por completo.
No porque a los investigadores les faltara tiempo.
No porque a las autoridades les faltaran recursos.
Sino porque las propias acusaciones eran falsas desde el principio.
Durante esas mismas décadas, Scientology siguió obteniendo reconocimiento, protección y confirmación jurídica en el mundo democrático.
En 1993, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, el IRS, concedió a las Iglesias de Scientology y a sus entidades vinculadas pleno reconocimiento religioso después de una de las investigaciones más exhaustivas jamás realizadas a una organización religiosa.
En 1997, la Corte Suprema de Casación de Italia reconoció Scientology como religión y rechazó los intentos de criminalizar sus prácticas.
En 2007, la Audiencia Nacional de España confirmó el estatus de Scientology como religión con derecho a la protección de la libertad religiosa conforme al derecho europeo.
En 2013, el Tribunal Supremo del Reino Unido condenó por unanimidad la discriminación contra los scientologists como “ilógica, discriminatoria e injusta” y reconoció al mismo tiempo las capillas de Scientology como lugares de culto religioso.
En 2016, tras un proceso penal de 18 años lleno de acusaciones sensacionalistas, los tribunales belgas absolvieron completamente a Scientology y criticaron el propio proceso como fundamentalmente incompatible con las garantías básicas de los derechos humanos.
Al mismo tiempo, tribunales y gobiernos de Europa, América Latina, África y Asia reconocieron Scientology y protegieron los derechos de los scientologists como miembros de una religión legítima.
En Alemania, sin embargo, el aparato de vigilancia continuó.
Incluso cuando los tribunales fallaron reiteradamente contra medidas discriminatorias vinculadas a esta política.
Incluso cuando las conclusiones internas reconocían la ausencia de pruebas.
Incluso cuando varios estados federados alemanes suspendieron discretamente la vigilancia tras no encontrar ninguna conducta indebida relevante que justificara una actuación.
Incluso cuando organizaciones internacionales de derechos humanos, funcionarios extranjeros y grandes medios de comunicación cuestionaron el trato de Alemania hacia los scientologists.
La historia ha demostrado el peligro que surge cuando gobiernos e instituciones distorsionan sistemáticamente las creencias de una minoría religiosa para justificar un trato especial en su contra. Cuando la sospecha sustituye a las pruebas y la propaganda reemplaza a la objetividad, las propias garantías constitucionales empiezan a erosionarse.
Esa es la verdadera lección de esta historia.
Porque nunca se trató simplemente de Scientology.
Se convirtió en una prueba de si las sociedades democráticas defenderían la libertad religiosa incluso cuando el miedo político, la estigmatización y el oportunismo hicieran que hacerlo resultara impopular.
Ahora, después de casi 30 años, el resultado final contrasta de forma rotunda con la retórica que alimentó esta campaña.
No se salvó ninguna democracia.
No se descubrió ninguna conspiración oculta.
No se reveló ninguna amenaza contra el orden constitucional.
Solo quedó la realidad de que una enorme maquinaria de vigilancia, sospecha y discriminación había sido dirigida contra una comunidad religiosa pacífica que no era culpable de las afirmaciones utilizadas para justificarla.
El anuncio del Bundesamt für Verfassungsschutz no deshace el daño infligido a miles de scientologists durante tres décadas.
Pero sí marca el derrumbe de una de las campañas más prolongadas de discriminación religiosa apoyada por el Estado en la Europa democrática moderna.
La historia ha emitido ahora su veredicto.
Y ese veredicto no es contra Scientology.
