La Iglesia frente al conflicto en la frontera colombo-ecuatoriana

La ciudad de Tulcán acogió e 28 y 29 de abril un encuentro fronterizo que contó con la participación de 92 personas, entre ellas, los obispos y delegados de pastoral social de Ipiales, Pasto, Tumaco, Mocoa-Sibundoy, Puerto Leguizamo, Tulcán, Esmeraldas y Sucumbíos, los directores de las Caritas Nacionales de ambos países, funcionarios públicos, representantes de agencias de cooperación internacional, líderes sociales y académicos. La reunión surgió ante la multiplicación de actores armados en la frontera, las tensiones administrativas entre los gobiernos de Colombia y Ecuador y el crecimiento de la minería ilegal.

Durante los últimos meses, este corredor fronterizo asiste no meramente a una nueva ola de violencia, sino a una reconfiguración del orden en la que coerción, economías y gobernanza se amalgaman. “El cambio más relevante no es que hayan más hechos y formas de violencia, sino que esta se ha convertido en un sistema que configura la vida cotidiana”, señaló Diego Meza, director de Pastoral Social de Ipiales. “Regula la movilidad, los precios, las celebraciones, incluso la moralidad de las comunidades. La violencia no es algo externo a las comunidades sino que las estructura”.

El panorama actual de la frontera se explica en buena medida por los efectos prolongados del Plan Colombia y de la implementación del acuerdo de paz de 2016. Tras la desmovilización de las FARC y los vacíos en la implementación del acuerdo, aparecieron actores híbridos, disidencias, redes criminales y operadores locales, que empezaron a competir y cooperar en corredores estratéticos que conectan el Pacífico, los Andes y la Amazonía. Estefanía Ciro Rodríguez, investigadora de economías ilícitas, describió la frontera como: “una bisagra transoceánica que  no puede leerse solo en clave local. Está inserta en flujos globales, drogas, oro, finanzas, y en alineamientos geopolíticos que incluyen a Estados Unidos y, cada vez más, a China”. La economías del conflicto, como el narcotráfico, demuestran una notable  maleabilidad: los programas de erradicación impactan zonas específicas, pero la producción de coca se reubica velozmente. “Siempre nuestros gobiernos están destruyendo cultivos, pero estos se multiplican más rápido. No hemos roto ese ciclo”, advirtió Ciro.

Si la cocaína es el producto más visible, el oro es una de las rentas más estable. Con unos precios históricos y circuitos de legalización relativamente fáciles, el oro está alimentando en el sur-occidente colombiano y en el norte el Ecuador un auge extractivo. Los socavones se están propagando tanto en la zona andina como en los valles de esta región y esto está provocando la llegada de trabajadores de otras regiones y nacionalidades. El mineral extraído en estos territorios se blanquea en otras regiones o mercados internacionales, integrándose así sin dificultad a la economía global.

Uno de los elementos más persistentes ante este panorama es el miedo generalizado, no como reacción inmediata, sino como un mecanismo de regulación social. En zonas como El Carchi, en Ecuador, la presencia humanitaria se ha reducido, mientras las comunidades optan por el silencio como forma de protección. “Hay una normalización del miedo. La gente no denuncia, se autocensura. Sin visibilización, no hay exigencia de derechos”, explicó Gimena Sánchez, defensora de derechos humanos. Por su parte, Erika Guerrero, especialista en salud mental, lo sintetizó así: “Las familias viven en autoconfinamiento. El silencio se convierte en una estrategia de supervivencia”. Las consecuencias se manifiestan en la erosión de la confianza, el debilitamiento organizativo y un aumento de problemas psicosociales que afectan a comunidades enteras.

A diferencia de lo que suele afirmarse, el Estado no ha desaparecido. Ha transformado su forma de presencia. “Hay una presencia ambigua del Estado: está, pero con limitaciones para garantizar derechos y, en algunos casos, con vínculos que complejizan la gobernanza y da prioridad al contrato comercial sobre la propia vida humana”, afirmó Diego Espasa, abogado colaborador de la UDAPT en Sucumbíos. Al mismo tiempo, nuevas dinámicas de seguridad y acuerdos internacionales están redefiniendo el control territorial. Algunos expertos advierten que el énfasis en la militarización, sin políticas sociales integrales, puede desplazar el problema sin resolverlo.

En este contexto, la Iglesia Católica aparece como uno los actores con presencia territorial sostenida y capacidad de generar confianza. “Si la violencia funciona como un sistema, la respuesta no puede ser fragmentada”, insistió el padre Meza. “Necesitamos leer juntos la realidad y asumir compromisos verificables”. En esta misma dirección, Mons. Antonio Crameri, obispo del vicariato apostólico de Esmeraldas y presidente episcopal de la Caritas Ecuador menciono que “en un mundo roto por nuevas formas de violencia, la iglesia ofrece un espacio de comunión y fraternidad para construir puentes y no muros entre los dos países”.

Entre las propuestas presentadas en este encuentro binacional se planteó la reactivación de la pastoral fronteriza, con una larga trayectoria en esta zona del hemisferio. El proceso será impulsado por una mesa técnica conformada durante la reunión, que deberá definir en el transcurso de este mes una hoja de ruta. Asimismo, se estableció como prioridad la construcción de una agenda de paz binacional, el abordaje de la problemática minera en clave de cuidado de la casa común, la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a las comunidades más afectadas. También se acordó articular esfuerzos a través de nodos territoriales en Tulcán,Ipiales,Pasto; Tumaco y Esmeraldas y Mocoa-Sibundoy, Sucumbíos y Puerto Leguízamo. La mesa técnica continuará su trabajo y el próximo encuentro se realizará en la ciudad de Tumaco a inicios de octubre.

Con información de la Pastoral Social de Ipiales