Estamos asistiendo estos últimos años al caos más absoluto en materia de sanidad pública, pero no solo donde nuestros sanitarios parecen decir que están saturados ante enfermedades emergentes que apenas son conocidas pero por intereses comerciales ya se disponen de vacunas en tiempos record y otras que a pesar de saber de su existencia desde hace décadas todavía son las gran desconocidas.
Artículo escrito por Rocío Muñoz
Cada vez es más frecuente escuchar en las noticias sobre las picaduras de garrapatas y la enfermedad de lyme, ya se está convirtiendo en una enfermedad de salud pública pero no se hace la suficiente difusión como para que la población estemos en alerta ante esta situación. No es necesario ver a la garrapata para haberte enfermado por su picadura. Todos los estudios científicos dicen que no ser tratada a tiempo se cronifica. No hay suficiente conocimiento sobre esto en la población, es deber del Ministerio de Sanidad hacernos llegar los primeros síntomas de esta enfermedad para que no llegue a cronificarse.
Pero ¿qué ocurre en aquellos casos donde no se ve garrapata pero si eritrema migrans y sin otros síntomas? Pues que la gente enferma irremediablemente, afecta a todo el organismo por ser una enfermedad multisistémica. Ningún enfermo de lyme comparte el mismo cuadro médico, porque lyme no solo es borrelia burdogferi es mucho más, hay muchas otras coinfecciones que la garrapata transmite bartonella, babesia, mycoplasma, ricketsia, etc.
Es una enfermedad invisible para los médicos actualmente, cuando en sus consultas encuentran a un enfermo de lyme ya en estado avanzado no dan explicación a su patología orgánica y solo les cabe pensar que si la evidencia científica no les abre los ojos seguramente la “no evidencia científica” lo hará, enviándoles directamente a la unidad de psiquiatría privando de todos los derechos fundamentales al paciente con la excusa de que “los médicos con su evidencia científica” están por encima de cualquier derecho inherente a la persona. Este es el caso de una joven burgalesa secuestrada contra su voluntad y la familia en la unidad de psiquiatría en el hospital de Burgos.
Tres meses ya lleva ahí dentro y sin soluciones por parte de los facultativos. Esconder un bulto molesto debajo de la alfombra no hace sanar a Carla, querer ver mejoría en esa planta no es sanar realmente. Los datos analíticos demuestran que sus valores sanguíneos están en los mismos rangos que cuando estaba en medicina interna. No es necesario ser médico para saber ver que el asterisco persiste en los mismos indicadores que decían en medicina interna que se moría y ahora se deben a una mejoría espectacular. Se pretende mentir a la familia y a la paciente, o la mejoría era también en medicina interna o actualmente también se muere. Además se niegan a dar información a la paciente y a la familia. ¿Será porque ni ellos mismos saben qué decir?
No hay evidencia científica porque no hay método científico en España que descarte o diagnostique esta enfermedad cuando llega a este estadio avanzado. Pero además los facultativos se niegan a admitir métodos diagnósticos que en otros países sí. Nuestros métodos diagnósticos están obsoletos con muchos falsos negativos, es preciso acudir a laboratorios externos donde se hagan pruebas como elispot, test de phagos, nanotrap antigen test de Galaxy y Paldispot entre otros. Pero ninguno de ellos reconocido ni subvencionado por la seguridad social.
La familia denuncia al hospital ya que en el 2016 empezó con todo este cuadro multisistemico donde ni una sola analítica sobre lyme se la hizo, demostrándose posteriormente que se había enfermado y por lo tanto ya era crónico. Aquel año también sufrió los abusos médicos y psiquiátricos a los que los hospitales creen tener derechos por encima de los fundamentales de las personas y pacientes. Como si los pacientes quisiéramos estar enfermos y tuviéramos la culpa de no mejorar. Los pacientes queremos médicos competentes. Pasarse la patata caliente a la evidencia no científica o al chamanismo no es curar nada.
Carla sufre un fuerte brote en marzo de este año peligrando seriamente su vida, se añade además la casualidad de que el juez instructor la llama a declarar en el juicio abierto contra el hospital. Entonces el hospital mueve toda la maquinaria para que ella vuelva a ingresar en psiquiatría a pesar de haber sido valorada y no padecer de ningún trastorno psiquiátrico. La aíslan del exterior, se le impide tener teléfono, recibir las visitas necesarias y ni siquiera comunicar libremente con sus seres queridos, mientras tanto ella ve que sus compañeros en esa planta se relacionan entre ellos y con el exterior, hacen actividades con terapeuta ocupacional, socializan e incluso pueden recibir llamadas de teléfono que a ella la niegan, obligada a estar sola las 24 horas de cada día mirando las cuatro paredes. Repitiéndola constantemente que no padece ninguna enfermedad. Se le da un tratamiento innecesario con efectos secundarios contraproducentes y que no sólo no ayuda a mejorar las patologías físicas de Carla, sino que además puede hacer un daño irreversible al estar impidiendo que tenga la atención médica correcta o enmascarando síntomas importantes que deberían ser tratados. Y todo esto sin el consentimiento de Carla y faltando completamente a los derechos de Carla como paciente, tal y como explica la Junta de Castilla y León en su web:
“Es el derecho a elegir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las distintas opciones que para la aplicación de un procedimiento de diagnóstico, pronóstico o terapéutico me presente el profesional responsable y a que no se practique ninguna actuación que afecte a mi salud sin mi consentimiento previo.”
Hace pensar que no interesa descubrir la cura de esta enfermedad ¿podría ser que no solo callamos voces molestas metiéndoles en esta unidad sino que además la ocupación de estas unidades podría ser necesaria para la financiación de hospitales públicos con gestión privada? ¿Y con estas prácticas inducen un miedo al paciente que le condicionará para renunciar a sus derechos legales?
¿Quiénes están interesados en que Carla continúe ingresada en psiquiatría cuando lo que desea es ser trasladada a otro Hospital de su confianza para recibir el tratamiento adecuado a sus patologías?
¿Qué intereses ocultos hay en este caso en que otras personas están decidiendo por Carla sin dejarla participar en la toma de decisiones en relación con su salud, faltando completamente a sus Derechos Humanos?
¿Cómo es posible que nos encontremos con una indefensión jurídica de tal magnitud en un Estado de Derecho como se supone que es España? ¿Tendrá algo que ver que la jueza que instruye el caso de Carla sea hermana de la Jefa de Neumología del HUBU? Mientras se le niega el tratamiento correcto y se vulneran sus Derechos Humanos de forma flagrante, Carla se deteriora física y anímicamente de forma irreversible.
