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Las instituciones psiquiátricas son a menudo el lugar de prácticas abusivas y coercitivas

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Discurso de Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidasde, en las consultas de salud mental del 14 de mayo de 2018, sobre el hecho de que las instituciones psiquiátricas son a menudo el lugar de prácticas abusivas

Es para mí un honor darles la bienvenida a este debate esencial sobre un tema que con demasiada frecuencia queda relegado a los márgenes de la sociedad.

El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud es fundamental para la dignidad humana, y no hay salud sin salud mental. Está claro que la prestación de buenos servicios y apoyo de salud mental son esenciales: no pueden considerarse un lujo, como tampoco lo son las clínicas que curan miembros rotos o tratan la malaria. Y con la misma claridad, los servicios de salud mental no pueden legítimamente tener una prioridad menor que los servicios centrados en la salud física.

Una proporción muy elevada de nosotros puede verse afectada por afecciones mentales a lo largo de nuestra vida: hasta una de cada cuatro personas, según algunas estimaciones. Los servicios de salud mental de calidad deberían ser accesibles a todos, independientemente de la clase social o cualquier otra condición distintiva; y el uso de estos servicios no debería generar estigma ni vergüenza.

Pero, en realidad, muy pocos usuarios de servicios de salud mental, personas con trastornos mentales o discapacidades psicosociales se beneficiarán de los servicios y apoyos accesibles y de calidad a los que tienen derecho.

Por el contrario, muchos sufrirán discriminación. Los estereotipos profundamente nocivos sobre las personas que padecen -o se considera que padecen- enfermedades mentales condicionarán los servicios sanitarios que reciban, lo que repercutirá a largo plazo en su participación e inclusión en la sociedad.

Las instituciones psiquiátricas, como todos los entornos cerrados, generan exclusión y segregación, y ser forzado a ingresar en una de ellas equivale a una privación arbitraria de libertad. También son, a menudo, el lugar de prácticas abusivas y coercitivas, así como de violencia potencialmente equivalente a la tortura.

La institucionalización y la segregación han sido una respuesta inadecuada a todos los niveles, tanto para los adultos con discapacidad como para los niños. La amenaza de ser institucionalizado también impide a los usuarios acceder a los servicios en las primeras fases de ansiedad o estrés. El énfasis en la institucionalización ha hecho que, en lugar de resolver las carencias y debilidades de las redes familiares y comunitarias, se hayan roto los vínculos y se haya negado a niños y adultos su derecho a una familia y a la participación e inclusión en la comunidad.

Ser desterrado de la humanidad -considerado indigno de pertenecer a ella y confinado en la reclusión- es profundamente dañino para el alma humana. El tratamiento forzoso -incluida la medicación forzosa y el tratamiento electroconvulsivo forzoso, así como la institucionalización y la segregación forzosas- no debe seguir practicándose. En su lugar, los Estados deben garantizar que las personas con problemas de salud mental y aquellas con discapacidad psicosocial puedan acceder a servicios de tratamiento y apoyo, incluido el apoyo entre iguales, en sus comunidades. La segregación es perjudicial, no sólo para el individuo, sino también para la comunidad en su conjunto.

Es evidente que los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial y con trastornos mentales no se respetan de forma generalizada en todo el mundo. Esto tiene que cambiar. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ofrece un marco jurídico para un enfoque más integral que defienda los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, incluido el pleno disfrute y ejercicio de la capacidad jurídica y el consentimiento libre e informado; el derecho a vivir y a ser incluido en la comunidad; la desinstitucionalización; y el derecho a la libertad y a la seguridad sin discriminación. Todos debemos avanzar para reforzar y apoyar este marco: como veremos en esta reunión, el cambio es posible y está ocurriendo ya.

Decidir por uno mismo; vivir en la comunidad; trabajar y socializar sin discriminación: éstas son cuatro áreas esenciales en las que el progreso puede tener un enorme impacto en el bienestar de millones de personas.

Durante los próximos dos días, esta consulta explorará formas de reafirmar la dignidad y la igualdad de los usuarios de los servicios de salud mental, las personas con discapacidad psicosocial y las que padecen enfermedades mentales. Entre nosotros hay muchos profesionales notables que luchan por garantizar sistemas de atención y apoyo basados en los derechos humanos, así como varias personas que han experimentado en carne propia las prácticas actuales. Les agradezco su labor para arrojar luz sobre los inadecuados sistemas existentes, y sus esfuerzos por devolver la voz a quienes ven menoscabada su dignidad.

Compartimos la esperanza de poder contribuir a la reforma de las políticas que profundizan la discriminación, el abuso y la institucionalización arbitraria a la que se enfrentan con frecuencia, así como otras prácticas que no respetan su autonomía, sus opciones y sus derechos.

Muchas gracias.

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Title: El Estado recibe las llaves del Pazo de Meirás
Fecha: 09/12/2020
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​Hoy se ha hecho efectiva la entrega de llaves del Pazo de Meirás, tras la decisión de la jueza del Juzgado nº 1 de Primera Instancia de A Coruña, Marta Canales, de que la familia Franco devolviera este bien inmueble a la Administración General del Estado.

En el acto judicial han participado los representantes legales de las partes, entre las que se encuentran el Estado, la Xunta, el Ayuntamiento de Sada, y la Diputación.

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Fecha: 23/11/2021

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