Comunicado de www.vaticannews.va — 
El presidente del país centroamericano, con motivo del 47 aniversario de la revolución sandinista de 1979, anunció que no habrá más elecciones que permitan a sus opositores intentar tomar el control del gobierno.
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Los primeros indicios surgieron el año pasado, cuando el presidente Daniel Ortega decidió introducir una serie de reformas constitucionales que, entre otras cosas, habrían nombrado a su esposa Rosario Murillo como «copresidenta» y extendido su mandato a seis años. Ahora, su intención de afianzar su poder se ha confirmado con el anuncio que hizo el domingo pasado, con motivo del 47 aniversario de la revolución sandinista de 1979, de que no habrá más elecciones que permitan a sus opositores intentar tomar el poder.
Represión tras las elecciones de 2021
La medida del presidente octogenario, que ha ostentado el poder de forma ininterrumpida desde 2007 tras un mandato presidencial anterior en la década de 1980, cerraría definitivamente cualquier espacio para la oposición, aunque no ofreció detalles sobre cómo se abolirá formalmente la votación. La declaración se produce antes de la próxima vuelta de las elecciones, originalmente previstas para noviembre de 2027.
Las últimas elecciones, celebradas en 2021, fueron ampliamente impugnadas después de que Ortega arrestara a opositores y empresarios y reprimiera la disidencia. Las organizaciones de derechos humanos reaccionaron con dureza. Según Juan Sebastián Chamorro, candidato en las elecciones de 2021 que permaneció en prisión hasta su liberación en Estados Unidos en 2023 junto con más de 200 presos políticos, la medida confirma un plan de larga data para concentrar el poder en manos del partido sandinista.
prisioneros politicos
Según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticosuna organización que opera principalmente desde el exilio y documenta casos de detención política en Nicaragua, al menos 46 personas se encuentran actualmente detenidas por motivos políticos. Tras la operación estadounidense en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro en enero, el gobierno nicaragüense anunció la liberación de más disidentes.
Desde 2018, Nicaragua ha clausurado más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, obligando a miles de personas a abandonar el país. A principios de julio, el gobierno de Ortega-Murillo revocó las licencias profesionales de un gran número de abogados, en lo que expertos de la ONU han calificado como una verdadera purga de la profesión jurídica.
Se publicó primero como Nicaragua, Ortega se blinda en el poder: «No más elecciones»
