A medida que las nuevas normas de migración y asilo de la UE entran en vigor, Bruselas dice que cualquier futuro “centro de retorno” fuera del bloque debe respetar el derecho internacional. Pero los grupos de derechos humanos advierten que la subcontratación de los retornos podría crear zonas legales grises para los solicitantes de asilo rechazados, especialmente si el seguimiento, las apelaciones y las salvaguardias son débiles.
La reforma migratoria de la Unión Europea ha entrado en una fase decisiva. El 12 de junio de 2026, el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo pasó a ser plenamente aplicable, trayendo consigo una nueva arquitectura para el control de fronteras, procedimientos de asilo, solidaridad entre los Estados miembros y retornos más rápidos de personas que no tienen derecho legal a permanecer.
Uno de los elementos más controvertidos que se debaten actualmente es la creación de los llamados “centros de retorno” en terceros países. Serían instalaciones fuera de la UE donde los solicitantes de asilo rechazados u otras personas bajo órdenes de retorno podrían ser trasladados mientras se organiza su expulsión.
El Comisario de Migración de la UE, Magnus Brunner, ha dicho que las normas de derechos humanos y el derecho internacional son “no negociables” y que cualquier acuerdo de este tipo sería supervisado con la participación de organizaciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones y el Agencia de la ONU para los Refugiados. De acuerdo a Associated Press informa desde Nicosiavarios países de la UE, incluidos Grecia, Alemania, Austria, Dinamarca y los Países Bajos, están explorando acuerdos con estados no pertenecientes a la UE.
El argumento político es bastante claro. Los gobiernos quieren que las decisiones de retorno signifiquen algo en la práctica. El Consejo de la UE ha afirmado que las nuevas normas de retorno pretenden complementar el pacto migratorio y hacer que los retornos sean más eficientes. El Comisión Europea ha acogido con satisfacción el acuerdo político sobre un nuevo sistema común para los retornos como parte de un enfoque más amplio de la gestión de la migración.
Pero la cuestión de los derechos humanos es igualmente clara: ¿puede Europa trasladar a personas fuera de su territorio y al mismo tiempo garantizar las mismas protecciones legales que vinculan a las instituciones y estados miembros de la UE?
Un sistema basado en la presión
Los gobiernos europeos enfrentan una fuerte presión interna para demostrar que las normas de asilo y migración son aplicables. En varios países, la migración se ha convertido en una cuestión electoral central, y los partidos políticos han utilizado la brecha entre las órdenes de retorno emitidas y los retornos ejecutados para argumentar que el sistema carece de credibilidad.
Esa presión ha dado forma al nuevo enfoque de la UE. El reglamento de retorno tiene como objetivo hacer que los procedimientos sean más rápidos, más coordinados y más vinculantes entre los estados miembros. También refuerza la cooperación con Frontex e introduce un marco más común para las decisiones de retorno.
Sin embargo, la eficiencia no puede ser la única medida del éxito. Un sistema de retorno que sea rápido pero inseguro no restauraría la confianza en la legislación europea. Lo dañaría.
La Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el principio de no devolución siguen siendo fundamentales. La no devolución significa que ninguna persona debe ser enviada a un lugar donde corra un riesgo real de persecución, tortura, trato inhumano u otros daños graves. Este no es un principio simbólico. Es un límite legal.
El Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE Ya ha examinado las implicaciones para los derechos fundamentales de los centros de retorno planificados. Su análisis apunta a la necesidad de una responsabilidad jurídica clara, un seguimiento efectivo, acceso a recursos y protección contra la detención arbitraria.
El peligro de la distancia legal
El riesgo central en los centros de retorno no es sólo la distancia física de Europa. Es distancia legal.
Si una persona es trasladada a un tercer país en virtud de un acuerdo respaldado por la UE o por un Estado miembro, ¿quién es responsable si se violan sus derechos? ¿El Estado miembro que emitió la orden de devolución? ¿El tercer país que alberga la instalación? ¿La agencia de la UE que apoya la operación? ¿La organización internacional pidió monitorearlo?
Estas preguntas no pueden quedar vagas. En el derecho de los derechos humanos, la ambigüedad a menudo se convierte en una carga que soporta la persona con menos poder: el migrante, el solicitante de asilo, el apátrida, el niño, el sobreviviente de la trata, la persona con discapacidad o la persona que no puede probar fácilmente los riesgos que enfrenta.
Es por eso que las organizaciones de la sociedad civil han advertido que los centros de retorno podrían convertirse en centros de detención a largo plazo, especialmente cuando los países de origen rechazan la readmisión o cuando hay disputas sobre los documentos de identidad. Vigilancia de derechos humanos ha planteado preocupaciones sobre el pacto migratorio más amplio, incluido el riesgo de que los procedimientos acelerados y los sistemas fronterizos puedan debilitar el acceso a la protección.
El ACNUR También ha instado a salvaguardias más estrictas en las normas de retorno de la UE, advirtiendo que las personas que necesitan protección internacional no deben ser trasladadas a países donde puedan no estar seguras.
El seguimiento no es suficiente
Los funcionarios de la UE han enfatizado el monitoreo. Esto es importante, pero el seguimiento por sí solo no es una garantía.
Un sistema creíble basado en derechos necesitaría varias salvaguardias desde el principio. Las personas trasladadas a centros de retorno deben tener acceso a asistencia jurídica, interpretación, atención médica y mecanismos de denuncia independientes. Deben poder impugnar eficazmente las decisiones de expulsión. Las personas vulnerables deben identificarse antes del traslado, no después de que se produzca el daño. Las familias, los niños y las personas con graves necesidades de salud requieren una protección especial.
También debe haber total transparencia sobre los acuerdos con terceros países. Si se utiliza dinero público, si participan agencias de la UE o si los Estados miembros se basan en la legislación de la UE para justificar estos acuerdos, entonces los parlamentos, los tribunales, los periodistas y la sociedad civil deben poder examinar el sistema.
Europa no puede defender el Estado de derecho en casa y al mismo tiempo exportar sus responsabilidades más difíciles a lugares donde la responsabilidad legal es más débil.
Una prueba para los valores de Europa
El debate sobre los centros de retorno no es una simple discusión entre fronteras abiertas y fronteras cerradas. Los Estados tienen derecho a gestionar la migración y devolver a las personas que no tienen base legal para quedarse, siempre que esos retornos sean legales, individualizados y seguros.
Pero la pretensión de Europa de ser una comunidad de derecho depende de cómo trate a las personas que se encuentran al margen de la simpatía política. Una persona cuya solicitud de asilo ha sido rechazada no pierde la dignidad humana. Una persona bajo una orden de restitución no pierde el derecho al debido proceso. Un migrante fuera del territorio de la UE no se vuelve invisible ante la responsabilidad europea si Europa ayudó a llevarlo allí.
Aquí es donde se juzgará la nueva política de devoluciones. No mediante declaraciones de prensa. No mediante garantías abstractas. Sino de si personas reales pueden acceder a derechos reales cuando el sistema está bajo presión.
El European Times ha examinado previamente cómo el debate sobre la migración en Europa ha pasado de la gestión a la disuasión y las expulsiones. La discusión sobre el centro de retorno ahora pone de relieve esa tensión. La UE dice que quiere un sistema ordenado. Las organizaciones de derechos humanos temen un sistema que sólo podría volverse ordenado en el papel.
¿Qué debería verse a continuación?
La siguiente fase dependerá del contenido de los acuerdos reales con terceros países. Su redacción importa. Su aplicación es más importante.
Periodistas, abogados, ONG y legisladores europeos deberían observar si estos acuerdos identifican una responsabilidad legal clara; si los monitores independientes pueden ingresar a las instalaciones sin obstáculos; si las personas pueden contactar a abogados y familiares; si las personas vulnerables están exentas del traslado; y si los tribunales pueden suspender las expulsiones cuando existan riesgos graves.
La UE también debería publicar datos claros. ¿Cuántas personas se trasladan? ¿Por cuánto tiempo están retenidos? ¿Cuántos son finalmente devueltos a sus países de origen? ¿Cuantos son liberados? ¿Cuantos apelan? ¿Cuántas denuncias se presentan? Sin datos, los centros de retorno podrían convertirse en una de las partes menos visibles de la política migratoria europea.
La política migratoria se describe a menudo como una prueba de solidaridad europea entre Estados. También es una prueba de solidaridad con las personas que tienen poca voz en el sistema construido a su alrededor.
Si se crean centros de retorno, Europa debe demostrar que la distancia no diluye los derechos. De lo contrario, el nuevo pacto migratorio puede ser recordado no como una reforma que restableció la confianza, sino como el momento en que la UE dejó de lado algunas de sus obligaciones legales más estrictas.
Publicado anteriormente en The European Times.
