Comunicado de www.vaticannews.va — 
Obispos de América Latina y el Caribe presentarán el 17 de julio el documento de Orientaciones Pastorales sobre los Impactos de la Minería, reafirmando el compromiso de la Iglesia con la justicia social, la protección ecológica y los derechos humanos frente a los conflictos socioambientales.
Sor Elaine Castro Matheuz – Ciudad del Vaticano
Una delegación de aproximadamente 20 obispos que acompañan comunidades afectadas por la minería en América Latina y el Caribe se reunió en Panamá para debatir acerca de las respuestas pastorales frente a una realidad que clama por justicia. En el encuentro, organizado con el apoyo del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, el CELAM y la Red Iglesias y Minería, se presentó el documento de Orientaciones Pastorales Ante los Impactos de la Minería en América Latina y el Caribe, resultado de un proceso de discernimiento sobre el extractivismo en la región.
Este documento surge con la intención de ofrecer «algunas orientaciones para acompañar de manera profética a la vida de las organizaciones de fe en América Latina que están en espacios de conflicto socio ambiental». La iniciativa responde a la urgencia de hacer frente a uno de los escenarios más dolorosos del continente: la devastación de territorios y la persecución de defensores ambientales, muchos de los cuales han sido criminalizados y asesinados, hechos ligados en su mayoría a intereses económicos ligados a proyectos mineros, según el último informe de Global Witness.
El contexto de la realidad minero-ambiental en América Latina
La región enfrenta una serie de conflictos socioambientales vinculados a la minería, que afectan directamente a las comunidades y a la Madre Tierra. La extracción desmedida de recursos ha causado pérdida de tierras, contaminación de aguas y destrucción de modos de vida ancestrales. La Iglesia latinoamericana, en fidelidad al Magisterio del Papa Francisco y a la encíclica Laudato Sí, reconoce la necesidad de defender «la justicia ecológica y social» y de hacer una pastoral que coloque a las víctimas y a los más vulnerables en el centro de su acción.
Se denuncia que la mayoría de los conflictos tienen que ver con minería, y que, además, estos conflictos están acompañados de una creciente criminalización y violencia contra los defensores del territorio. La crisis ambiental y social se agrava en contextos donde el extractivismo voraz es la norma, en consonancia con un sistema económico que convierte en capital los bienes de la naturaleza sin límites claros ni justo reparto.
Contenido de las orientaciones pastorales
El documento, fundamentado en el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, busca ser un recurso para dar respuesta a los desafíos que enfrentan los pueblos y territorios. Entre sus propuestas se destaca la necesidad de una visión post-extractivista, que rechace la minería predatoria y promueva modelos de desarrollo más sostenibles y menos dependientes de la explotación de la naturaleza.
Se propone que la minería sea «necesaria, reducida y regulada,» enfocada únicamente en necesidades prioritarias, y basada en principios de justicia ecológica y social. Además, el texto advierte que «el discurso de la transición energética» que propone extraer minerales como litio o cobre, muchas veces, simplemente repite el mismo modelo con nuevos recursos, agravando los conflictos en zonas de sacrificio.
Se subraya también la importancia de promover una espiritualidad que «une a todas las formas de vida» y de fortalecer el diálogo con espiritualidades indígenas y afrodescendientes para superar el antropocentrismo. El documento insiste en que la Iglesia debe acompañar el compromiso con la justicia, la dignidad, y la denuncia profética, aunque advierte que debe mantenerse independiente de fuentes de financiamiento que puedan comprometer su misión profética.
La esperanza y el actuar responsable
Las orientaciones llaman a trabajar en red, junto con organizaciones y comunidades, para promover campañas de desinversión en minería y políticas públicas que protejan a las víctimas y a los territorios. Se destaca que el rol de la Iglesia es estar del lado de las víctimas humanas y no humanas, apoyando su lucha por justicia, inclusión y dignidad, y promoviendo modos de vida y consumo más simples y sostenibles.
Por último, el documento invita a incidir en las políticas minero-energéticas de los Estados y a fortalecer la denuncia frente a las empresas y gobiernos que vulneran derechos fundamentales de los pueblos. En definitiva, la Iglesia reafirma su compromiso de ser «respaldos para las comunidades que sueñan con otras oportunidades en sus territorios.»
Se publicó primero como Orientaciones Pastorales sobre los Impactos de la Minería en América Latina y el Caribe
