El acuerdo provisional se centra en el material de abuso generado por IA, la sextorsión y el retraso en el acceso a la justicia para los supervivientes.
La Unión Europea ha llegado a un acuerdo provisional para fortalecer la legislación penal contra el abuso y la explotación sexual infantil, ampliando los delitos para cubrir los daños digitales emergentes y dando a los supervivientes más tiempo para buscar justicia. El acuerdo aún necesita la aprobación formal del Parlamento Europeo y del Consejo, pero marca un paso significativo en la actualización de las reglas adoptadas por primera vez en 2011.
El acuerdo provisionalalcanzado el lunes por los negociadores de la Presidencia del Consejo y el Parlamento, ampliaría el marco penal de la UE para abordar mejor la explotación en línea, la inteligencia artificial y los delitos que pueden permanecer ocultos durante años.
Entre los cambios más importantes se encuentra la inclusión del abuso habilitado por la IA. Diseñar, adaptar o distribuir sistemas de inteligencia artificial destinados a producir material de abuso sexual infantil se convertiría en un delito penal. El acuerdo también cubre el pago para acceder a abusos transmitidos en vivo, la extorsión sexual de niños y la posesión o distribución de instrucciones sobre cómo cometer abusos o producir material abusivo, incluso a través de indicaciones digitales.
Un estándar de consentimiento más claro
Las reglas revisadas también buscan aclarar el consentimiento cuando los niños han alcanzado la edad nacional de consentimiento sexual. Según el texto acordado, el silencio, la falta de resistencia, una relación previa o una relación existente con el infractor no serían suficientes para establecer el consentimiento. El consentimiento también podrá retirarse en cualquier momento.
Esa disposición es importante porque los procedimientos penales a menudo giran en torno no sólo de lo sucedido, sino también de cómo las instituciones interpretan la vulnerabilidad, la presión y la coerción. Una norma más clara a nivel de la UE no borraría las diferencias entre los sistemas nacionales, ya que la edad de consentimiento sexual sigue siendo una competencia nacional, pero podría reducir la ambigüedad dañina en casos que impliquen intimidación, manipulación o abuso de confianza.
Más tiempo para buscar justicia
El acuerdo también ampliaría los plazos de prescripción, permitiendo que los delitos más graves sean investigados y procesados hasta 32 años después de que la víctima alcance la edad adulta. Esto responde a una realidad recurrente en los casos de abuso: muchos sobrevivientes revelan lo que sucedió sólo años después, a menudo después de largos períodos de trauma, miedo o dependencia.
El expediente legislativo del Parlamento Europeo sobre la revisión del Directiva sobre abuso sexual infantil de 2011 muestra cómo el debate ha evolucionado desde la actualización de las penas hasta la confrontación de las formas en que la tecnología, la violencia de género y el retraso en la divulgación influyen en el acceso a la justicia.
El apoyo a las víctimas también forma parte del paquete. Los Estados miembros tendrían que garantizar el acceso a servicios sanitarios gratuitos para los niños víctimas, asistencia jurídica, información a través de líneas telefónicas de ayuda y alojamiento provisional cuando sea necesario. Las víctimas también tendrían derecho a reclamar una indemnización a los infractores.
Abuso digital y lagunas en la aplicación de la ley
El acuerdo se suma a una propuesta de la UE separada, aún controvertida, sobre las obligaciones de las empresas de Internet de detectar, informar y eliminar material de abuso sexual infantil. Ese debate paralelo ha atraído el escrutinio de defensores de la protección infantil, grupos de privacidad y organizaciones de derechos digitales porque afecta tanto a la seguridad de los niños como a la protección de las comunicaciones privadas.
Los casos de aplicación de la ley han demostrado desde hace mucho tiempo cómo las redes de abuso en línea pueden reagruparse después de una interrupción, como lo ilustran operaciones europeas anteriores contra redes de abuso infantil en la web oscura. La nueva directiva no resolvería por sí sola el desafío de la detección, pero daría a los fiscales un conjunto más amplio de delitos una vez que se identifique el abuso.
Por ahora, el acuerdo sigue siendo provisional. Una vez respaldada y adoptada formalmente, los gobiernos de la UE tendrán tres años para transponer la directiva al derecho penal nacional. Por lo tanto, el impacto de la medida dependerá no sólo de Bruselas, sino también de si los sistemas nacionales forman a profesionales, financian el apoyo a las víctimas, mejoran las rutas de denuncia y aplican las nuevas normas con coherencia y cuidado.
Publicado anteriormente en The European Times.
