Las elecciones húngaras del 12 de abril de 2026 ya han hecho historia. Viktor Orbán ha admitido la derrota y la caída del que ha dominado durante mucho tiempo Alianza Fidesz-KDNP Ahora surge una pregunta más difícil: ¿el cambio político traerá finalmente alivio legal y administrativo a las minorías religiosas, las ONG independientes y los grupos cívicos que pasaron años bajo presión? Si los líderes entrantes quieren demostrar que Hungría está pasando página, uno de los lugares más claros para comenzar será la libertad de religión o de creencias, la libertad de asociación y la igualdad de trato ante la ley.
El domingo por la noche, Orbán había reconocido su derrota tras 16 años en el poder, mientras que Péter Magyar y el fiesta tisza emergieron como los claros ganadores de las elecciones. El significado político es obvio. Pero para muchos húngaros, y para muchos en Bruselas, Estrasburgo y más allá, la cuestión más profunda es si a esta votación le seguirá ahora una reparación institucional. Las elecciones pueden cambiar los gobiernos en un día. Los sistemas de discriminación suelen tardar más en desmantelarse.
Más que un revés electoral
La era de Orbán será recordada no sólo por el cambio constitucional, la concentración de los medios y el conflicto con la Unión Europea, sino también por un estilo de gobierno que dividió a la sociedad civil en actores “leales” y “sospechosos”. Esa distinción afectó a organizaciones de apoyo a inmigrantes, grupos anticorrupción, medios independientes y también a varias comunidades religiosas que no encajaban cómodamente dentro de la narrativa preferida del gobierno de la “Hungría cristiana”.
Esa preocupación no proviene sólo de los opositores políticos. En octubre de 2024, La relatora especial de la ONU, Nazila Ghanea, advirtió Hungría todavía necesitaba nuevas reformas para que todas las comunidades religiosas y de creencias pudieran funcionar sin discriminación. La cuestión no era simbólica. Se refería a la personalidad jurídica, el reconocimiento igualitario, el acceso a los derechos y la capacidad de las comunidades para funcionar sin favor político. El European Times también ha informó anteriormente sobre esas preocupaciones.
El problema de la ley eclesiástica no desapareció.
Uno de los ejemplos más claros es el antiguo régimen de estatus eclesiástico de Hungría. La Ley Eclesiástica de 2011 despojó del reconocimiento oficial a casi 350 comunidades religiosas, dejando a muchos grupos más pequeños en una posición legal más débil. En 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos celebrado que la pérdida del estatus pleno de iglesia violaba derechos protegidos por la Convención Europea, advirtiendo en esencia contra un sistema en el que las comunidades religiosas tenían que buscar la aprobación política del Parlamento para recuperar el reconocimiento.
La historia jurídica no terminó ahí. Incluso después de enmiendas posteriores, la evaluación de la ONU en 2024 fue que el marco todavía generaba un trato desigual entre las comunidades. En la práctica, eso significaba que algunos grupos todavía podían sentirse tolerados en lugar de tratados por igual, cuando (al menos para algunos de ellos) no eran perseguidos. En una Europa democrática, esa no es una distinción menor. Va al corazón de la neutralidad del Estado.
Las consecuencias también han sido concretas. De acuerdo a Vigilancia de derechos humanoslas autoridades húngaras revocaron en agosto de 2024 las licencias de funcionamiento de tres escuelas dirigidas por la Iglesia Evangélica Metodista, una comunidad asociada con disputas de larga data sobre el reconocimiento de la iglesia y el trato estatal. Cuando la discriminación legal llega a las escuelas y los servicios sociales, ya no es una cuestión constitucional abstracta. Se convierte en una cuestión de la vida diaria de las familias, los niños y las comunidades vulnerables.
Las ONG fueron tratadas como objetivos, no como socios
La misma lógica política dio forma al trato que Hungría dio a las ONG. En 2020, el Falló el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la llamada ley húngara de transparencia de las ONG financiadas con fondos extranjeros, al considerar que las restricciones eran discriminatorias e injustificadas. La ley obligó a las organizaciones afectadas a registrarse públicamente como apoyadas desde el extranjero y a revelar información de los donantes, reforzando el mensaje de que la actividad cívica independiente era de algún modo sospechosa.
Luego vino el paquete “Stop Soros”. En 2021, el el mismo tribunal encontró que Hungría había violado la legislación de la UE al criminalizar ciertas formas de asistencia a los solicitantes de asilo. Eso importaba mucho más allá de la política migratoria. Una vez que un gobierno comienza a convertir la asistencia jurídica, el asesoramiento humanitario o el trabajo solidario en motivos de sospecha, debilita el espacio democrático básico en el que opera la sociedad civil.
Más recientemente, esa presión se actualizó en lugar de abandonarse. La ley de soberanía de 2023 y la creación de la Oficina de Protección de la Soberanía agregaron un nuevo mecanismo que, según los críticos, podría enfriar el debate público y estigmatizar a las organizaciones que reciben apoyo externo. El La Comisión Europea llevó a Hungría ante el Tribunal de Justicia sobre la ley, mientras Casa de la libertad denunció que organizaciones anticorrupción y medios de investigación fueron sometidos a investigaciones arbitrarias y frívolas. El Comisión de Venecia fue contundente: el marco creaba un efecto paralizador y debería ser derogado.
Si Peter Magyar se toma en serio la renovación, estas son las pruebas
La nueva mayoría tendrá ahora una rara oportunidad. Puede tratar la reparación de derechos como secundaria a la economía y la lucha contra la corrupción, o puede entender que ambas están conectadas. Un Estado democrático no puede prometer de manera creíble un gobierno limpio y al mismo tiempo dejar intactas las herramientas legales utilizadas para presionar a las religiones minoritarias, estigmatizar a las ONG o intimidar al periodismo de vigilancia.
Una primera fase seria de reforma sería práctica y visible. Significaría restaurar un marco legal genuinamente igualitario para las comunidades religiosas, poner fin a los sistemas de reconocimiento políticamente condicionados, proteger a las escuelas y organizaciones benéficas religiosas contra represalias y armonizar plenamente la legislación húngara con los fallos de los tribunales europeos que ya se dictaron hace años.
También significaría revisar las leyes e instituciones creadas para enmarcar a las organizaciones cívicas como agentes de influencia extranjera. Eso incluye poner fin a las investigaciones arbitrarias, hacer retroceder la intimidación basada en la soberanía y dejar claro que las ONG independientes son parte de una sociedad democrática, no enemigas de ella. Hungría no necesita una nueva retórica de tolerancia. Necesita ciudadanía igualitaria bajo leyes neutrales.
El mensaje para los ganadores de Hungría
Si Péter Magyar y los dirigentes entrantes quieren demostrar que esta elección no fue sólo un cambio de caras sino también un cambio de dirección, deberían avanzar cuanto antes en materia de libertad de religión o de creencias y espacio cívico. A veces esas cuestiones se tratan como secundarias, pero se encuentran entre los indicadores más claros de si una democracia tiene la confianza suficiente para proteger a personas y grupos que no controla.
El próximo capítulo de Hungría no debería escribirse únicamente en términos de mercados, financiación de Bruselas o reposicionamiento geopolítico. También debería quedar escrito en la realidad cotidiana si una iglesia minoritaria puede mantener su estatus sin negociación política, o conservar sus documentos y prácticas religiosamente sagrados, si una escuela religiosa puede funcionar sin represalias y si una ONG puede defender los derechos sin ser tachada de desleal.
La derrota de Orbán, si va seguida de reformas reales, podría convertirse en algo más que un acontecimiento electoral dramático. Podría convertirse en el momento en que Hungría finalmente comience a sanar las libertades cívicas y religiosas que fueron heridas bajo el gobierno de Orban y Semjen. Ésa es la prueba democrática que ahora enfrentan los ganadores. Europa estará observando.
Publicado anteriormente en The European Times.
