El Consejo de Ministros ha iniciado hoy el proceso para nombrar a Teresa Peramato Martín nueva fiscal general del Estado a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos. Posee una amplia trayectoria, especialmente en la lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia. Actualmente es fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.
Teresa Peramato ingresó en la carrera fiscal en 1990. Tras su paso por diversas Fiscalías (Tenerife, Valladolid y Barcelona) se trasladó a la Fiscalía Provincial de Madrid, destino en el que, en 2005, fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia sobre la Mujer. También fue miembro del grupo de expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual de este organismo en 2007.
En 2018 pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Y en mayo de 2021 fue nombrada fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer, cargo que ocupó hasta enero de 2025.
Tras el Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que precisamente hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno proponga a una persona con un compromiso feminista indiscutible para que se haga cargo de la Fiscalía General del Estado. Una persona -ha añadido- absolutamente idónea para llevar a cabo los retos del Ministerio Fiscal y continuar reforzando su autonomía y prestigio.
Tal y como prevé el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la nueva fiscal general del Estado será nombrada por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial. Una vez recibido el informe del CGPJ, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados para que comparezca ante la Comisión de Justicia y se puedan valorar sus méritos e idoneidad.
Tras su nombramiento definitivo, la fiscal general del Estado jurará o prometerá el cargo ante el Rey y tomará posesión del mismo ante el Pleno del Tribunal Supremo.
