El régimen de sanciones se estableció en 2022 e incluye prohibición de viajar, congelación de activos y embargo de armas.
Panamá y Estados Unidos redactaron la resolución, que también renueva el mandato del panel de expertos que apoya al comité de sanciones.
Se produce pocas semanas después de que el Consejo autorizara una Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití para reemplazar al Apoyo de Seguridad Multinacional (MSS) liderado por Kenia que ha estado respaldando a la policía nacional en sus esfuerzos por combatir la violencia.
“Estas medidas restaurarán la seguridad en Haití y pondrán de rodillas a las pandillas”, dijo el representante de Estados Unidos.
Anexo de designación
La resolución 2794 (2025) expresa grave preocupación por “los niveles extremadamente altos de violencia de pandillas y otras actividades criminales”, como secuestros, homicidios, trata de personas, homicidios y violencia sexual, así como la impunidad persistente.
En un anexo, el Consejo también designó a dos personas que “han participado en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Haití”.
Dimitri Herard, exjefe de la unidad de seguridad del asesinado expresidente Jovenel Moïse, ha apoyado a la banda Ti Bwa además de estar implicado “en facilitar el tráfico de armas y municiones, que han alimentado la violencia de las bandas y desestabilizado el país”.
Kempes Sanon es el líder de la banda Bel Air que “ha estado involucrada en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidas extorsiones, secuestros e impuestos ilícitos”.
El representante de Estados Unidos dijo que su designación complementa la acción tomada por Washington ese mismo día con respecto a los dos hombres.
«Si bien aplaudimos al Consejo por designar a estas personas, la lista no está completa. Hay más facilitadores de la inseguridad de Haití que evaden la rendición de cuentas».
‘Quitar el combustible’
El representante de Panamá dijo que la implementación efectiva del embargo de armas es crucial en los esfuerzos por “eliminar de una vez por todas el combustible que está alimentando este conflicto”.
Añadió que “existe una relación simbiótica entre ciertos sectores de la élite económica y política y las pandillas”.
Respecto al anexo, lamentó que “no ha habido consenso para incluir a personas que cumplan con los criterios de quienes tanto daño están causando a la sociedad haitiana”.
Expresó su esperanza de que la renovación de las sanciones, junto con otros esfuerzos de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití y el GSF, “nos permitan lograr un Haití libre de armas, más seguro y en paz”.
Disuasión y justicia
El representante de Haití afirmó que el régimen de sanciones puede ser “un instrumento eficaz de disuasión y de justicia, si es aplicado y respetado adecuadamente por todos los Estados miembros”.
Sirve como “un pilar complementario” de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que recientemente se transformó en el GSF.
Dijo que hasta ahora los resultados de los esfuerzos para sofocar la violencia han sido mixtos, ya que las pandillas siguen recibiendo armas pesadas y municiones provenientes del extranjero.
Afirmó además que el Gobierno haitiano ha tomado nota de los nombres de las personas en el anexo y sus casos serán tratados de conformidad con la legislación nacional.
