París / Madrid — Junio de 2025 – La federación francesa UNADFI, dedicada desde hace décadas a combatir las mal llamadas “sectas”, ha recibido en 2024 una subvención de 150.000 euros del Gobierno francés para poner en marcha una nueva plataforma digital. Lo que en apariencia es una apuesta por la innovación tecnológica, se revela al analizar los documentos contables como una operación opaca, sostenida por fondos públicos sin fiscalización efectiva y con signos claros de desajuste económico, tal y como informa CAP Liberte de Consience, una ONG de libertad religiosa reconocida por Naciones Unidas.
La financiación proviene de la MIVILUDES, el organismo interministerial (creado en 2002 en un labado de cara francés del gobierno francés de la MILS) para vigilar las “derivas sectarias”. Una noción ambigua, sin definición jurídica precisa, que ha servido para incluir en el mismo saco a grupos destructivos y a comunidades religiosas o terapias alternativas perfectamente legales.
La situación no se queda en Francia. En España, el modelo empieza a replicarse con inquietante similitud, sin respetar el debate que ya ocurrió en su momento en el Congreso sobre sus implicaciones legales ni garantías institucionales equivalentes.
Francia: subvenciones millonarias, transparencia mínima
UNADFI opera como una red nacional supuestamente centrada en la prevención del fenómeno sectario, es decir que «generalmente trata de atacar a nuevos movimientos religiosos», nos cuenta una de sus víctimas. Sin embargo, sus balances financieros muestran una alarmante dependencia de las subvenciones estatales —más del 80 % de sus ingresos— y déficits sostenidos desde 2019. Los fondos asignados en 2024 se han destinado principalmente a sueldos internos, consultorías sin detalle técnico y costes bancarios opacos. Las dudas sobre su eficacia y rendición de cuentas crecen.
Además, la federación ha sido objeto de varias denuncias por difamación hacia confesiones reconocidas oficialmente por el Estado francés. Algunas resoluciones judiciales han fallado a favor de los grupos señalados, subrayando el riesgo de estigmatización injustificada.
España: ¿de verdad quiere copiar la antireligiosidad francesa?
Desde hace un año, la Policía Nacional ha impulsado un plan operativo contra las “sectas destructivas” y un «observatorio». Incluye unidades especializadas y canales de denuncia anónima. También se trabaja en una base de datos y estructuras internas inspiradas directamente en el modelo francés.
Sin embargo, el ordenamiento jurídico español no contempla el delito de “pertenencia a una secta”. Solo castiga delitos concretos como coacciones, estafa o abusos, con independencia del contexto religioso, político, deportivo, comercial, académico o ideológico, porque digámoslo claro, los delitos y coacciones se pueden dar en todos los ámbitos, y no hemos escuchado que se cree un «Observatorio de Políticos, Diputados y Senadores Corruptos o Delictivos«. Introducir el concepto de “secta destructiva” sin sustento legal equivale a crear una categoría de sospecha generalizada, incompatible con un Estado de derecho.
Más preocupante aún es la proliferación de asociaciones privadas que asumen roles de alerta sin control democrático. Algunas ya han establecido relaciones con medios, universidades o administraciones, sin auditoría pública ni garantías de imparcialidad.
El riesgo de vigilar al margen de la ley
Europa vive un momento de creciente ansiedad ante lo diferente. Bajo el pretexto de proteger a los ciudadanos, proliferan discursos que priorizan la sospecha sobre el derecho, y el miedo o el odio sobre la libertad. Combatir los abusos es urgente, pero hacerlo con instrumentos extralegales socava el principio de igualdad ante la ley. Cualquier persona, sin importar en qué ámbito, debe pagar ante la justicia y la sociedad por los delitos que cometa, eso sí, tras un juicio justo y con pruebas palpables y no subjetivas de la culpabilidad.
Crear redes de vigilancia ideológico, etiquetando grupos y comunidades al margen del marco jurídico, no refuerza la democracia: la debilita. España, que cuenta con una legislación garantista y una Constitución que protege la libertad de creencias, corre el riesgo de importar un modelo basado en la ambigüedad y la persecución preventiva.
La advertencia está sobre la mesa
El caso francés es una llamada de atención: subvenciones opacas, estructuras ideologizadas, y sentencias que desautorizan a quienes se erigen en guardianes de la ortodoxia. La prevención del daño debe apoyarse en pruebas, no en prejuicios. Y en la ley, no en el miedo.
España aún está a tiempo de reforzar sus mecanismos de protección de las libertades, de la libertad de pensamiento, religión y creencias, así como de mejorar en el trato igualitario a las distintas confesiones religiosas, en vez de renunciar a sus principios democráticos. Lo contrario sería asumir que, para evitar abusos, es aceptable vulnerar derechos.
