Médicos y personal de salud cubanos destinados a trabajar en el exterior son víctimas de trata de personas y explotación similar a la esclavitud por parte de su propio Estado, declaró el eurodiputado Javier Nart (España/Grupo Político Renovar Europa) al inaugurar la conferencia sobre este tema que albergaba en el Parlamento Europeo. Parlamento el 8 de febrero.
Durante décadas, los médicos cubanos han estado rodeados de un aura excepcional pero inmerecida de la que se ha beneficiado en gran medida la imagen del país. Los oradores invitados a declarar con hechos concretos sí han arrojado una luz muy diferente sobre la realidad que se esconde a la sombra de la propaganda cubana. La llamada solidaridad socialista internacional con los países pobres esconde gravísimas violaciones sistémicas de los derechos laborales y humanos como ya se puso de manifiesto en dos resoluciones del Parlamento Europeo.
Resoluciones del Parlamento Europeo
El 10 de junio de 2021 (considerando I, artículo 10), el Parlamento subrayó que
“La Resolución 168 de 2010 del Ministerio de Comercio Internacional y la Inversión Extranjera de Cuba, impone a todos los funcionarios públicos en el exterior que trabajen para el Estado o para las empresas estatales, incluido el personal médico, deberes injustificados y atentatorios a la dignidad humana y a los más derechos humanos básicos y fundamentales; que todo funcionario que no termine su misión médica o decida no regresar a Cuba es castigado por el Código Penal cubano con ocho años de prisión; Considerando que estas misiones médicas han sido calificadas como una forma moderna de esclavitud según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CUB6/2019) sobre las misiones médicas cubanas subrayó la precariedad y condiciones de trabajo inhumanas del personal médico, denuncias que fueron sustentadas por Human Rights Watch y 622 testimonios”
y condenado
“las sistemáticas violaciones laborales y de derechos humanos cometidas por el Estado cubano contra su personal de salud asignado a trabajar en el extranjero en las misiones médicas, que violan los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Cuba; insta a Cuba a implementar y cumplir efectivamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios 29 y 105 de la OIT, respectivamente; pide al Gobierno cubano que garantice el derecho de los cubanos a salir y regresar a su país, incluidos los médicos desplegados en misiones médicas en el extranjero, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos; hace un llamado al Gobierno cubano para que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y garantice los derechos a la libertad de asociación, incluido el registro de organizaciones y la negociación colectiva, de conformidad con las normas de la OIT”.
Esta condena se reiteró en otra resolución del Parlamento aprobada el 16 de septiembre de 2021 (Considerando M).
Condiciones de trabajo de los médicos cubanos
Las prácticas de Cuba tienen un impacto dramático en la vida de sus trabajadores en el extranjero que solo reciben del 5 al 20% del salario mencionado en sus contratos que los gobiernos o empresas extranjeras pagan por ellos. De hecho, el Estado cubano se queda con el resto como honorarios a organizaciones dependientes del Partido Comunista de Cuba. Esta forma de explotación ha sido copiada y pegada del sistema norcoreano de explotación de decenas de miles de sus trabajadores en decenas de países, como Rusia, China e incluso hasta un pasado muy reciente en los astilleros polacos de Gdansk.
Cuando los médicos cubanos llegan a su país de destino, sus pasaportes son inmediatamente confiscados. Tampoco se les permite viajar con sus títulos legalizados para evitar la deserción. No se les permite casarse con un residente local y deben informar a su superior sobre cualquier relación amorosa local. Este esquema es muy similar al tráfico y la prostitución que realizan los grupos mafiosos en cualquier parte del mundo.
La Ley de Regulación del Trabajo de Cuba contiene una serie de medidas disciplinarias para los trabajadores civiles en el extranjero que puedan violar una larga lista de normas internas, como participar en eventos sociales locales sin autorización, salir del país sin autorización, viajar en el país sin autorización, vivir con personas no autorizadas, etc.
Cuando se dan cuenta de que son explotados por su propio estado y se atreven a ‘desertar’, son considerados desertores por La Habana.
El artículo 176.1 del Código Penal de Cuba establece que se impondrá de tres a ocho años de prisión a quien no regrese a su país al término de su misión o la abandone antes de finalizarla. Luego se envía a todas las instituciones del Estado una declaración de “Abandono de la Misión” considerándolo desertor; posteriormente pierde todas sus propiedades en Cuba y se le niega la entrada a Cuba por un período de ocho años. Sin embargo, casi nadie intenta regresar a Cuba por el riesgo de ser perseguido y encarcelado. Se estima que más de 5.000 padres no pudieron ver a sus hijos durante al menos 8 años.
Magnitud de la explotación humana
Se estima que en Cuba se ven afectados cada año entre 50.000 y 100.000 profesionales civiles y según fuentes gubernamentales, el total de trabajadores en el exterior (maestros, ingenieros, marinos, artistas, deportistas…) se acerca al millón sobre una población de 11 -12 millones.
Su trabajo genera $ 8.5 mil millones mientras que el turismo solo genera $ 2.9 mil millones.
En más de 50 años, más de cien países han acogido esa ayuda cubana.
¿Son voluntarios?
Una encuesta de Prisoners Defenders reveló que los trabajadores en el extranjero no eran voluntarios sino que su decisión estuvo motivada por su extrema miseria, sus precarias condiciones laborales, el temor a represalias por decir “no” o su endeudamiento.
El 32% firmó contrato y obtuvo copia del mismo, el 35% no recibió copia y para el 33% de los trabajadores no se les presentó contrato.
El 69,24% desconocía el destino final (ciudad, hospital, etc.) o incumplió al llegar al país de destino.
Todos estos datos fueron brindados y discutidos por Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, Leonel Rodríguez Álvarez, médico cubano (en línea), Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, y Hugo Acha, investigador principal de la Fundación para la Derechos Humanos en Cuba (FHRC).
En el debate participaron el eurodiputado Leopoldo López Gil (Grupo de Demócratas Cristianos) y el eurodiputado Hermann Tertsch (vicepresidente del Grupo Europeo de Conservadores y Reformistas), así como representantes de organizaciones de la sociedad civil.
