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Guatemala: Proteger al personal judicial que lucha contra la impunidad y la corrupción

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El Alto Comisionado Volker Türk expresó su profunda preocupación por la intimidación, el acoso y las represalias reiteradas a las que se enfrentan.

“Es dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan por la rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos sean ahora perseguidos”, dijo.

“Igualmente preocupantes son los ataques contra quienes intentan combatir uno de los peores virus que afligen a cualquier sociedad: la corrupción”.

Aumento de la intimidación

Funcionarios de justicia, así como otras personas, han sido investigados, detenidos, acusados ​​e incluso condenados por abuso de poder, obstrucción de la justicia y conspiración, dijo el Sr. Türk.

Varios otros han abandonado el país por temor a su seguridad.

En los últimos dos años, la oficina de derechos humanos de la ONU (ACNUDH) en Guatemala ha documentado un aumento de más del 70 por ciento en el número de trabajadores del sistema judicial que enfrentan intimidación y cargos penales por su trabajo en casos de corrupción o violaciones de derechos humanos, particularmente aquellos que ocurrió en el contexto de la guerra civil de 1960 a 1996.

Órdenes de arresto emitidas

El lunes, el Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad anunció órdenes de captura contra tres funcionarios de justicia.

Entre ellos se encontraba un miembro del personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG, un organismo respaldado por la ONU que el Gobierno cerró en 2019.

Entre 2007 y 2019, la CICIG ayudó al sistema judicial nacional a tratar más de 100 casos de alto perfil de presunta corrupción y otros delitos penales.

Los casos involucraron a funcionarios del Gobierno, miembros del Congreso y de las Cortes, así como varias personas del sector privado.

Socavando el estado de derecho

Desde que se disolvió la CICIG, ha habido un aumento constante en el número de casos de hostigamiento y cargos penales contra sus exfuncionarios y fiscales.

“Estos procesos judiciales y la falta de las debidas garantías procesales socavan el estado de derecho en todo el país”, dijo el Sr. Türk.

“Hago un llamado a las autoridades para que tomen las medidas apropiadas para fortalecer y garantizar la independencia del sistema de justicia y proporcionar la protección necesaria a los funcionarios de justicia”.



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