La acción del Congreso Nacional ayudará a los más de 247.000 hondureños que han sido desplazados por la violencia, de los cuales el 55 por ciento son mujeres y el 43 por ciento niños, niñas y adolescentes.
“Esta ley sobre desplazamiento interno es un paso muy necesario para restaurar su dignidad, esperanza y derechos”, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.
Vidas destrozadas por la violencia
En un reciente viaje al país, relató “testimonios desoladores de personas cuyas vidas han sido destrozadas por la violencia y la criminalidad”.
Además de crear un marco institucional a través del Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado, la nueva ley establece mecanismos de prevención para el reclutamiento forzado, la explotación criminal de niños y jóvenes, y otros desafíos.
Dado que el 46 por ciento de los estudiantes desplazados han suspendido su educación o la violencia de las pandillas les ha impedido regresar a la escuela, la ley también prevé la creación de protocolos de reinserción educativa.
Mientras caminaba a casa desde la escuela en Yoro, Honduras, agarraron a la niña de 13 años que estaba en el medio, la metieron en una camioneta, la golpearon, la violaron y la liberaron una hora después.
Disposiciones de la ley
Como las tres cuartas partes de la población desplazada necesitan apoyo material, la asistencia humanitaria es otro pilar de la legislación.
Al mismo tiempo, el 85 por ciento de los desplazados que reportaron impactos en su salud también expresaron la necesidad de servicios de salud mental.
Como tal, la nueva legislación fortalece la inclusión en los programas de salud mental.
Por otra parte, la Comisión Interinstitucional para la Protección de los Desplazados Internos por la Violencia, señaló que al 68% de los desplazados propietarios se les expropiaron, destruyeron o se vieron obligados a abandonar o vender sus propiedades, mientras que solo el 32% logró mantener sus viviendas. propiedades después del desplazamiento.
Esta legislación establece un mecanismo de protección para viviendas, terrenos y bienes abandonados, siendo la primera herramienta legal en el país de esta naturaleza.
“Ahora que ha sido adoptado, animo a las autoridades a acelerar su implementación”, subrayó el Sr. Grandi.
Haciendo progreso
Si bien la Ley aún no ha sido sancionada por la presidenta Xiomara Castro, la legislación se erige como un ejemplo de los avances logrados en Centroamérica y México para proteger y brindar soluciones a las personas en situación de desplazamiento forzado, dentro del Marco Regional Integral de Protección y Soluciones, cuyos Estados miembros reunidos en Tegucigalpa la semana pasada.
El ACNUR, junto con las agencias asociadas, continuará apoyando al Gobierno de Honduras para responder y prevenir el desplazamiento forzado.
