Clément Voule, Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Reunión y Asociación, y Pedro Vaca Villareal, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH, han escrito varias cartas al Gobierno explicando por qué la cancelación de la personalidad jurídica de cientos de asociaciones “representa un patrón claro de reprimir el espacio cívico”.
Dijeron que desde abril de 2018, Nicaragua ha adoptado una “estrategia de censura” y ha desarrollado un “patrón claro de represión del espacio cívico”.
Punto crítico
Se ha atacado a voces disidentes, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos, representantes de la sociedad civil, académicos, estudiantes, miembros de la Iglesia Católica, partidos políticos y opositores al gobierno.
Ante el cierre y la cooptación gubernamental de los espacios cívicos y de participación democrática, temen que las crecientes restricciones a las libertades fundamentales de expresión, reunión pacífica y asociación estén llegando a un punto crítico.
“El Estado de Nicaragua debe cese inmediatamente la persecución judicial de todas las voces disidentesliberar a los encarcelados por motivos políticos y garantizar investigaciones rápidas, imparciales y exhaustivas sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos, que resulten en que los responsables rindan cuentas y se proporcionen recursos efectivos a las víctimas”, dijeron.
Impacto humanitario
Su declaración conjunta brinda pasos clave para promover y defender el restablecimiento de los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión.
Los expertos en derechos destacaron que las restricciones a las libertades fundamentales no solo equivalen a violaciones de los derechos humanos, sino que también tienen un impacto humanitario.
Actualmente, hay más de 200 presos políticos en Nicaragua, dijeron, y muchos se encuentran recluidos en condiciones insalubres “sin acceso a una atención médica adecuada, sometidos a regímenes de aislamiento e impedidos de recibir visitas de sus familiares, entre otros tratos crueles, trato inhumano y degradante”.
Recordaron que toda persona privada de su libertad tiene derecho a la vida ya ser tratada con humanidad y respeto, instando al Gobierno a su cumplimiento.
Llamamiento a los países
También pidieron a la comunidad internacional que actúe, incluso tomando medidas de apoyo humanitario “de acuerdo con la gravedad de las denuncias recibidas”.
Los expertos también se mostraron preocupados por la persecución en curso de varios miembros de la sociedad civil que se han visto obligados a huir de Nicaragua y requieren asistencia humanitaria.
“De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho internacional humanitario, los Estados están llamados a abrir sus fronteras y garantizar la entrada de emergencia a su territorio a los actores de la sociedad civil que buscan protección internacional o demuestran necesidades humanitarias urgentes, incluido el reconocimiento de la condición de refugiado”, ellos dijeron.
Acerca de los expertos de la ONU
Como Relator Especial de la ONU, el Sr. Voule forma parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra.
Los expertos de los Procedimientos Especiales monitorean e informan sobre situaciones de países específicos o temas temáticos, como el derecho a la libertad de reunión y asociación.
Los expertos trabajan de forma voluntaria, son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
No son personal de la ONU y no se les paga por su trabajo.
