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Irán: Expertos de la ONU exigen la suspensión de la ejecución de dos mujeres activistas de los derechos LGBT |

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“Condenamos enérgicamente la sentencia de muerte de la Sra. Sedighi-Hamadani y la Sra. Choubdar y pedimos a las autoridades suspender sus ejecuciones y anular sus sentencias tan pronto como sea posible”, dijeron en un comunicado.

‘Corrupción en la tierra’

El sistema legal de Irán prohíbe explícitamente la homosexualidad, que según el código penal del país se castiga con la muerte.

Las mujeres fueron condenadas por cargos de “corrupción en la tierra” y “tráfico”.

Si bien la decisión judicial y la orden de sentencia no son públicas, se informó a los expertos que los cargos se referían a discursos y acciones en apoyo de los derechos humanos de las personas LGBT que enfrentan discriminación en Irán por su orientación sexual e identidad de género.

Los informes revelaron que el los cargos de tráfico estaban relacionados con los esfuerzos de las mujeres para ayudar a las personas en riesgo a abandonar el territorio iraní.

“Las autoridades judiciales iraníes procesaron a la defensora de los derechos humanos Zahra Sedighi-Hamadani y Elham Choubdar en agosto de 2022 y les notificaron el 1 de septiembre de 2022 que habían sido declarados culpables y condenados a muerte por el Tribunal de la Revolución Islámica de Urumieh”, se lee en el comunicado.

Preocupación por el trato a los defensores

Los expertos han expresado su preocupación al gobierno iraní de que las dos mujeres puedan haber sido arbitrariamente detenidas, maltratadas y procesadas por motivos discriminatorios de orientación sexual o identidad de género, incluida la criminalización de las personas LGBT cuyos derechos humanos estaban defendiendo a través del discurso y acción pacífica.

Hasta la fecha no se ha recibido respuesta.

“Las autoridades deben garantizar la salud y el bienestar de ambas mujeres y ponerlas en libertad de inmediato”.

Protestas de Mahsa Amini

El llamamiento se produce cuando el país está sumido en protestas por la muerte de Mahsa Amini, quien fue arrestada por la llamada policía de la moralidad el 13 de septiembre por presuntamente violar estrictos códigos de vestimenta.

Las manifestaciones en favor de la mujer de 22 años que murió bajo custodia policial se han enfrentado con violencia y restricciones de comunicación que afectan los teléfonos y el servicio de internet.

Arrestos y detenciones

Miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica arrestaron a la Sra. Sedighi-Hamedani el 27 de octubre de 2021 cerca de la frontera iraní con Türkiye.

De octubre a diciembre del año pasado, estuvo recluida en un centro de detención en Urumieh, donde fue objeto de desaparición forzada durante casi dos meses después de su arresto y fue objeto de abusos y discriminación.

“Instamos a las autoridades de Irán a que investiguen los presuntos malos tratos de la Sra. Sedighi-Hamadani durante su detención, su desaparición forzada durante 53 días y la falta de garantías del debido proceso por parte de las autoridades judiciales en los casos de ambas mujeres, lo que también puede haber violado sus derechos. derecho a un juicio justo, entre otros derechos humanos”, dijeron los expertos de la ONU.

La Sra. Choubdar fue arrestada en una fecha tardía pero desconocida.

Poner fin a la pena de muerte

Los expertos pidieron a Irán que “revoque la pena de muerte y, como mínimo, reduzca el alcance de su aplicación a solo acciones criminales que alcancen el umbral de los delitos más graves”.

“Las autoridades tienen la obligación internacional de garantizar que todos los defensores de los derechos humanos en Irán puedan realizar actividades pacíficas y legítimas sin temor a persecución o represalias, incluidos aquellos que trabajan en temas delicados como la orientación sexual y la identidad de género”, dijeron los 22 signatarios.

Sobre los expertos

Los expertos de la ONU están monitoreando de cerca la situación y permanecen en contacto con las autoridades iraníes.

Haga clic aquí para ver qué expertos respaldaron la declaración.

Los relatores especiales y los expertos independientes son designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o la situación de un país. Los cargos son honorarios y los expertos no son remunerados por su trabajo.



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