El jueves por la mañana, las fuerzas israelíes irrumpieron, registraron y sellaron las oficinas de siete organizaciones humanitarias y de derechos humanos palestinas³ en Ramallah, en la Cisjordania ocupada.
Sus bienes fueron confiscados y destruidos y las órdenes militares de cerrar las oficinas quedaron en el local.
La coordinadora residente y humanitaria de la ONU en Palestina, Lynn Hastings, dijo que los intentos de cierre “afectan a todas las instituciones que trabajan para promover los derechos humanos y el desarrollo y están brindando asistencia”.
Cargos de alojamiento
Las Naciones Unidas y sus socios toman en serio las acusaciones de financiación del terrorismo, así como las designaciones israelíes de estas entidades como organizaciones ilícitas y/o terroristas.
A pesar de las ofertas de revisar las acusaciones para determinar si los fondos se han desviado, las autoridades israelíes no han brindado ninguna evidencia convincente a las agencias de la ONU ni a las ONG asociadas que trabajan en los TPO para respaldar estas designaciones.
Varios Estados miembros anunciaron recientemente que las pruebas que se les compartieron no justifican las designaciones.
“Los intentos de cierre de las oficinas de esta organización representan la última de una serie de acciones de Israel que limitan aún más la capacidad del trabajo humanitario, de derechos humanos y de desarrollo en el Territorio Palestino Ocupado, lo que afecta a todas las instituciones que trabajan para promover los derechos humanos, el desarrollo y la entregando asistencia”, dijeron las agencias de la ONU y la Asociación de Agencias de Desarrollo Internacional en un declaración.
Seguir el derecho internacional
La declaración reiteró una anterior emitida en noviembre pasado que sostiene que la legislación antiterrorista debe estar de acuerdo con las obligaciones del derecho internacional, en particular el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos.
Esto incluye el pleno respeto de los derechos a la libertad de asociación y expresión.
No se puede aplicar a los derechos humanos legítimos y al trabajo humanitario; la amplitud de la legislación antiterrorista israelí de 2016 y su impacto en la presunción de inocencia presentan serias preocupaciones bajo el derecho internacional.
“Instamos al gobierno de Israel a que se abstenga de cualquier acción que impida que estas organizaciones continúen con su trabajo crítico de derechos humanos, humanitario y de desarrollo en el Territorio Palestino Ocupado”, concluyó el comunicado.
