El debate argentino sobre religiones minoritarias necesita pruebas, expertos y Estado de derecho. No puede depender de etiquetas que convierten creencias impopulares en sospecha pública.
En Argentina, cuando algunos medios hablan de religiones minoritarias, nuevos movimientos espirituales o comunidades de creencias poco conocidas, aparece con frecuencia una palabra cargada de sospecha: “secta”. Esa etiqueta suele llegar acompañada de voces activistas que se presentan como denunciantes, pero que no necesariamente cuentan con formación académica, pericial o institucional para interpretar el fenómeno religioso.
Uno de esos nombres es Pablo Salum, un activista argentino conocido por su campaña pública contra lo que denomina “sectas” y por impulsar iniciativas vinculadas a una mal llamada “ley anti-sectas”. Salum tiene derecho a expresar sus opiniones, presentar denuncias o participar en el debate público. Pero ese derecho no lo convierte en fuente acreditada, neutral ni experta sobre religiones minoritarias. Y tampoco es un derecho a vilipendiar, denigrar, deshumanizar ni ha hacer daño a las personas porque tengan ideas religiosas distintas que además son compatibles con la Constitucion Argentina.
La cuestión no es personalizar el problema en Salum ni darle una importancia que no tiene. La cuestión es más amplia: ningún activista anti-“sectas” debería ser tratado por medios, autoridades o legisladores como si pudiera decidir qué comunidad es una religión legítima y cuál debe ser socialmente sospechosa.
Una fuente acreditada en esta materia debería hablar desde una metodología verificable: investigación académica, peritaje judicial, competencia jurídica, sociología de la religión, antropología, derecho constitucional o experiencia institucional en libertad religiosa. Una fuente activista, por el contrario, habla desde una causa. Puede aportar una perspectiva, pero no debe ocupar el lugar de juez, fiscal, perito y experto al mismo tiempo.
Ese matiz es esencial. El problema no es que Salum hable. El problema es que algunos espacios públicos puedan amplificar su discurso como si fuera conocimiento experto, cuando en realidad se trata de una posición militante basada en una categoría —“secta”— profundamente discutida por la sociología, la antropología y el derecho de la libertad religiosa.
El problema no es denunciar delitos
El problema no es denunciar abusos. Si existen hechos de violencia, explotación, fraude, trata, coacción, amenazas o cualquier otro delito, deben investigarse con toda la fuerza de la ley. Ninguna religión, asociación o comunidad espiritual está por encima del derecho penal.
Pero precisamente por eso el Estado de derecho exige precisión. No se protege mejor a las víctimas llamando “secta” a todo grupo minoritario, incómodo o poco comprendido. Se las protege investigando hechos concretos, escuchando pruebas, garantizando defensa, diferenciando entre delito y creencia, y evitando que la sospecha pública sustituya a la justicia.
La Constitución Nacional Argentina reconoce a todos los habitantes el derecho a profesar libremente su culto. Ese derecho no existe solo para las religiones mayoritarias, conocidas o culturalmente cómodas. Existe precisamente para proteger la libertad de conciencia frente al prejuicio de la mayoría.
“Secta” no es una prueba
La palabra “secta” suele presentarse como si fuera una categoría técnica. Pero en el uso público funciona casi siempre como una condena reputacional. Una vez aplicada a una comunidad, desplaza la conversación desde los hechos hacia la sospecha. Ya no se pregunta qué ocurrió, qué pruebas existen o qué autoridad competente intervino. Se presupone que el grupo ya es peligroso.
La antropóloga Mónica Cornejo Valle lo plantea con claridad en su artículo “Desmontando la idea de secta”, publicado en Cuestiones de Pluralismo. Según su análisis, la palabra “secta” puede estar en el lenguaje y tener un significado social, pero eso no implica que exista como una categoría objetiva útil para comprender la diversidad religiosa.
Cornejo recuerda que el término nunca ha sido neutral en el uso común. Evoca sospecha, peligro y desprecio. Pretender que es una palabra objetiva mientras se aplica a una minoría religiosa no favorece la diversidad, la libertad religiosa ni la convivencia. Al contrario: alimenta la desconfianza social hacia quienes creen de una manera distinta.
Este punto es decisivo para evaluar cualquier narrativa anti-“sectas”. Si un discurso depende de una categoría que no funciona como prueba jurídica ni como herramienta socio-antropológica neutral, entonces sus afirmaciones no deben ser amplificadas como si constituyeran conocimiento experto. Deben ser tratadas como lo que son: posiciones activistas que requieren contraste, contexto y verificación independiente.
Creencias no convencionales no son sinónimo de delito
Uno de los aportes más importantes de Cornejo es recordar una distinción básica: las creencias no convencionales y los delitos no guardan una relación intrínseca. Por eso, las democracias no deben perseguir creencias, sino delitos.
Este criterio debería ser obvio, pero se pierde fácilmente cuando el debate público se organiza alrededor de etiquetas. Si una comunidad es minoritaria, intensa, disciplinada, poco conocida o doctrinalmente diferente, puede ser presentada como amenaza aunque no existan hechos probados. Así, la diferencia religiosa se transforma en indicio de culpabilidad.
Ese mecanismo es incompatible con la libertad religiosa. En una democracia, una persona no tiene que demostrar que su fe es “normal” para ser protegida. Una comunidad no tiene que parecerse a las religiones tradicionales para disfrutar de derechos. Y un movimiento espiritual no debe ser tratado como sospechoso simplemente porque incomoda a familias, periodistas, funcionarios o activistas.
La pregunta correcta no es si una creencia resulta rara. La pregunta correcta es si existe una conducta ilegal demostrable.
La mirada argentina: diversidad religiosa, no pánico moral
Argentina cuenta con una sólida tradición académica para estudiar la diversidad religiosa sin caer en el pánico moral. Investigadores como Alejandro Frigerio han contribuido durante décadas al estudio de la religión vivida, las religiones afroamericanas, las espiritualidades populares, los nuevos movimientos religiosos y las formas no convencionales de creer.
Ese tipo de trabajo académico es importante porque no parte del escándalo ni de la etiqueta. Parte de la observación social, la comparación histórica y el análisis de las prácticas reales de las comunidades. En vez de preguntar si un grupo “parece raro”, pregunta cómo funciona, qué creen sus miembros, cómo se relaciona con la sociedad y qué lugar ocupa en el mapa religioso del país.
Frigerio ha cuestionado el predominio de miradas excesivamente católico-céntricas para estudiar la religión en América Latina. Ese enfoque es especialmente relevante en Argentina, donde muchas formas de espiritualidad, devoción popular, religiosidad afro, prácticas esotéricas, grupos evangélicos, comunidades budistas, iglesias nuevas y movimientos no convencionales quedan invisibilizados o son leídos desde categorías hechas para juzgarlos antes de comprenderlos.
En la misma línea, el trabajo del programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL-CONICET, con investigadores como Fortunato Mallimaci, Verónica Giménez Béliveau, Juan Cruz Esquivel, Gabriela Irrazábal y Mariela Mosqueira, muestra que las creencias religiosas en Argentina deben estudiarse con datos empíricos, no con prejuicios.
La encuesta nacional de 2019 realizada por investigadores del CONICET mostró una sociedad religiosamente más diversa y cambiante: descenso de la adscripción católica, crecimiento evangélico, aumento de personas sin filiación religiosa y una pluralización de las formas de creer. Ese dato es central: Argentina ya no puede ser pensada como un país religiosamente homogéneo donde solo ciertas formas de fe merecen reconocimiento social.
En una sociedad plural, el Estado y los medios no pueden seguir actuando como si solo algunas religiones fueran normales y todas las demás debieran ser vigiladas. La diversidad religiosa no es una anomalía: es parte de la Argentina contemporánea.
El lenguaje también discrimina
El lenguaje anti-“sectas” no es inocente. Cambia las palabras para cambiar la percepción pública. A los miembros de religiones mayoritarias se les llama creyentes, fieles o practicantes. A los miembros de minorías se les llama “adeptos”. Una iglesia mayoritaria evangeliza; una minoría “capta”. Un sacerdote orienta; un dirigente religioso minoritario “manipula”. Una comunidad tradicional tiene disciplina; una minoría tiene “control”.
La diferencia no siempre está en los hechos. Muchas veces está en el prejuicio.
Ese vocabulario crea una jerarquía invisible entre religiones aceptadas y religiones sospechosas. Las primeras reciben el beneficio de la duda. Las segundas cargan con la obligación permanente de demostrar que no son peligrosas.
Por eso, cuando Salum o cualquier otro activista utiliza la palabra “secta” como marco general, los medios deberían extremar la prudencia. No basta con reproducir la etiqueta. Hay que preguntar qué hechos verificables existen, qué pruebas han sido presentadas, qué autoridades competentes han intervenido, qué dicen los especialistas independientes y qué respuesta ofrece la comunidad señalada.
El activismo no puede sustituir a los expertos
El error no consiste en entrevistar a Pablo Salum. El error consiste en presentarlo, explícita o implícitamente, como si fuera una autoridad suficiente para interpretar el fenómeno religioso. Salum no es un observador externo del debate: es un actor militante dentro de una causa. Su intervención pública busca convencer, denunciar y movilizar contra determinados grupos. Eso puede formar parte del debate democrático, pero no equivale a peritaje, investigación académica ni fuente neutral.
Una fuente de parte no es una fuente neutral. Un activista puede partir de una conclusión previa y organizar su discurso alrededor de ella. Un experto independiente debe admitir complejidad, matices y límites. Debe distinguir entre abuso y creencia, entre delito y disidencia religiosa, entre experiencia personal y evidencia generalizable.
Cuando todo se interpreta desde la palabra “secta”, cualquier grupo minoritario puede terminar pareciendo peligroso. Su crecimiento se presenta como captación. Su disciplina como sometimiento. Su liderazgo como manipulación. Su vida comunitaria como aislamiento. Su diferencia como amenaza.
Eso no es análisis experto. Es un marco de sospecha.
Cuando el discurso anti-“sectas” adopta rasgos sectarios
El título de este artículo no pretende usar “sectario” como insulto personal. Señala una paradoja: ciertos discursos anti-“sectas” pueden terminar adoptando los mismos rasgos que dicen combatir. Pueden volverse cerrados, totalizantes, impermeables al contraste, hostiles al disenso y convencidos de poseer una verdad única sobre los demás.
Si todo aquel que pide rigor es acusado de defender “sectas”; si todo académico que cuestiona la etiqueta es tratado como cómplice; si toda comunidad minoritaria debe probar que no es peligrosa; si toda conversión incómoda se interpreta como manipulación; entonces el problema ya no es la protección de víctimas, sino la construcción de una narrativa que no admite matices.
El sociólogo Joan Estruch, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, planteó hace años una pregunta esencial: si todavía tiene sentido hablar de sectas. Su análisis muestra que el término, que en determinados contextos sociológicos tuvo un uso técnico limitado, se ha convertido en el lenguaje común en una etiqueta ofensiva contra quienes se apartan de lo que la mayoría considera normal.
La cuestión no es negar que existan comportamientos abusivos, autoritarios o cerrados. Pueden existir en grupos religiosos, políticos, familiares, empresariales, terapéuticos o ideológicos. La cuestión es que esos comportamientos deben probarse, no presumirse por la identidad religiosa del grupo.
Una categoría sociológica fracasada
Cornejo explica que Max Weber intentó dar al término “secta” un significado técnico dentro de una clasificación sociológica de organizaciones religiosas. Pero ese intento se ha demostrado insuficiente para describir la realidad actual de la diversidad religiosa.
Las supuestas características que diferenciaban “iglesias” y “sectas” no se sostienen de manera clara. Muchas comunidades minoritarias tienen relaciones estables con los Estados. Muchas religiones tradicionales reciben nuevos miembros. Algunas religiones nuevas desarrollan estructuras institucionales sólidas. Y muchas religiones históricas producen movimientos carismáticos internos sin que por ello sean llamadas “sectas”.
El resultado es evidente: cuando la palabra “secta” se usa hoy en medios, redes o debates políticos, rara vez funciona como categoría sociológica. Funciona como señal de alarma. Sirve para activar miedo, sospecha y rechazo.
Ese es precisamente el problema de tratar a cualquier activista anti-“sectas” —incluido Salum— como si fuera una fuente acreditada sobre religiones minoritarias. Su discurso no parte de una categoría neutral, sino de una etiqueta que la investigación contemporánea ha cuestionado seriamente.
El estándar internacional: libertad religiosa y no discriminación
El derecho internacional exige proteger la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce ese derecho y obliga a los Estados a respetarlo sin discriminación.
La Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones establece que nadie debe ser objeto de discriminación por motivos de religión o creencias.
Ese marco no protege abusos. Pero sí protege a las personas frente a la estigmatización por sus creencias. Y protege especialmente a quienes pertenecen a comunidades pequeñas, impopulares o mal comprendidas, porque son las más vulnerables a campañas de sospecha pública.
El deber de los medios argentinos
Los medios argentinos deberían cambiar su forma de cubrir este asunto. Si entrevistan a Pablo Salum, deben presentarlo correctamente: como activista anti-“sectas”, no como experto neutral en religión.
Sus afirmaciones deben contrastarse con documentación judicial, especialistas independientes, académicos de sociología y antropología de la religión, juristas constitucionalistas, organismos de libertad religiosa y representantes de las comunidades afectadas.
La pregunta periodística correcta no es: “¿A quién acusa hoy Pablo Salum?”. La pregunta correcta es: “¿Qué hechos concretos existen? ¿Qué autoridad competente intervino? ¿Qué pruebas hay? ¿Se ha escuchado a la comunidad señalada? ¿Hay delito o solo diferencia religiosa? ¿Se está informando o se está amplificando una campaña?”.
También debe evitarse el lenguaje que ya trae incorporada una condena. Decir “adeptos” en vez de creyentes, “captación” en vez de difusión religiosa, “líder sectario” en vez de dirigente religioso, o “víctimas” antes de una determinación judicial puede convertir una noticia en un juicio paralelo.
El periodismo responsable no debe blanquear abusos. Pero tampoco debe fabricar culpabilidad colectiva.
La libertad religiosa se prueba con las minorías
La libertad religiosa no se mide por el trato que recibe la religión mayoritaria. Se mide por el trato que reciben las comunidades pequeñas, nuevas, incómodas o impopulares.
Una democracia madura no pregunta si una creencia resulta extraña para reconocer derechos. Pregunta si hay una conducta ilegal demostrable. No juzga doctrinas por popularidad. Juzga hechos por legalidad.
Por eso, el debate no debería centrarse en si Pablo Salum tiene derecho a hablar. Lo tiene. El debate debe centrarse en algo mucho más importante: si una narrativa activista, basada en una etiqueta desacreditada como categoría neutral, debe ser tratada como conocimiento experto. No debe.
Salum puede expresar sus críticas como cualquier ciudadano. Pero sus palabras no deben ocupar el lugar de la prueba judicial, el análisis académico ni el estándar internacional de libertad religiosa.
El problema no es un solo activista. El problema es una cultura mediática que a veces prefiere la sospecha fácil al análisis serio, la etiqueta al dato y el escándalo al pluralismo.
Delitos, sí; prejuicios, no
Argentina necesita investigar delitos reales con seriedad. Necesita escuchar a víctimas reales. Necesita fiscales y jueces que actúen cuando existan pruebas. Pero no necesita un macartismo religioso actualizado bajo lenguaje psicológico o mediático.
La lucha contra abusos no puede convertirse en una lucha contra la diversidad religiosa. La protección de víctimas no puede justificar la estigmatización de creyentes. Y el activismo anti-“sectas” no puede sustituir al conocimiento experto, al debido proceso ni a los estándares internacionales de derechos humanos.
En una sociedad plural, la etiqueta “secta” debería dejar de utilizarse como arma de sospecha. Porque cuando se usa para degradar a quienes creen distinto, el problema ya no está solo en la comunidad señalada. Está también en el discurso que señala.
Ese es el verdadero riesgo: que, en nombre de combatir delitos, se termine promoviendo una forma sectaria de mirar la religión y en especial a las minoritarias, en vez de proteger ese derecho universal.
